Area Residencial de Roces

Los populares insisten en la ilegalidad de la actuación y exigen conocer el grado de participación del Ministerio del Interior

R. G.

La diputada del Partido Popular por Asturias Pilar Fernández Pardo ha remitido al Congreso de los Diputados cinco preguntas con las que pretende clarificar la legalidad de la contratación por parte del Ayuntamiento de Gijón de una empresa de seguridad privada para la vigilancia del área residencial de Roces. Pardo asegura que los responsables municipales han pagado desde el mes de agosto más de 90.000 euros en una contratación «ilegal», por lo que ha preguntado en el Congreso si el Ayuntamiento «puede contratar una empresa privada para realizar en esa zona residencial de la ciudad funciones de seguridad». Y pregunta al Gobierno sobre si en esa contratación «ha de cumplirse el reglamento de seguridad privada». Pardo quiere saber, además, «qué documentación existe en el Ministerio del Interior» acerca de esta supuesta contratación «ilegal».

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Santiago Martínez Argüelles, justificó, por su parte, la contratación de una empresa de seguridad privada para proteger el patrimonio público en una urbanización en la que aún no hay vecinos. La oposición considera que esa labor corresponde a la Policía Municipal.

Fuente: La Nueva España, 26 de Abril de 2010