Area Residencial de Roces

SUSANA NEIRA

OVIEDO. El Partido Popular amenazó ayer con llevar ante la Fiscalía a la empresa pública Vipasa por la contratación de asistencias técnicas sin cumplir con la legislación. El diputado regional José Agustín Cuervas-Mons habló de «corrupción» al adjudicar obras por más de 4 millones de euros «abusando del procedimiento de negociado sin publicidad, con alevosía y seguramente pensando en algún amiguete o en alguien de partido».

El popular recordó ayer en la Junta General su denuncia, avanzada días atrás. Entre junio de 2005 y diciembre de 2007, la sociedad destinada a la promoción de pisos sociales adjudicó la dirección facultativa de obras de quince proyectos por un importe superior a los 4 millones de euros. De esas asistencias, sólo tres se adjudicaron mediante concurso de ideas.

«Somos consciente de que traemos al Parlamento un asunto de extremada gravedad ya que hablamos de corrupción y me parece de vergüenza que se haya abusado de la ley», insistió el diputado. Aclaró que la ley de adjudicaciones públicas tiene un carácter restrictivo y para contrataciones menores de 30.000 euros. Sin embargo, en este caso superan tal cantidad.

1,2 millones «a puro dedo»
Según la información aportada por el PP, el Principado habría adjudicado a dos arquitectos en dos años «1,2 millones de euros sin pedirles ni una sola oferta, a puro dedo y conociendo a alguien», dijo. En una ocasión anterior, el parlamentario habló de otras contrataciones por este procedimiento, con una promoción de viviendas en Roces (Gijón) donde se gastaron unos 700.000 euros.

Tras sacar a luz este «absoluto desastre» del funcionamiento de Vipasa, el PP anunció que pedirá información adicional sobre la política de contratación de personal, ya que en dicha empresa «incluso trabajan ex diputados de IU», partido al frente de la Consejería de Vivienda en la anterior legislatura y desde noviembre de 2008, cuando firmó el pacto de Gobierno con el PSOE. En la anterior comparecencia, Cuervas-Mons también recordó que la Inspección de Trabajo abrió un expediente en un departamento de Vipasa porque «se constató un trato vejatorio» a los trabajadores. «Estamos ante el cortijo privado del gerente de turno», resumió el popular.

Por su parte, durante turno de intervención, la consejera de Vivienda y Bienestar Social, Noemí Martín (hija de la anterior responsable del área, Laura González) desmintió la existencia de «chiringuitos, amiguismos o contrataciones a dedo». Eso sí, en su comparecencia, Martín reprochó a los populares que explicasen por qué han tardado tanto tiempo en acudir a la Fiscalía si dicen que hay un problema de corrupción desde hace cuatro años.

Aclaró además que hay que diferenciar entre las asistencias técnicas y la obra en sí, aunque asumió que las primeras se adjudicaban a través del método de negociado sin publicidad «pues no estaban sujetas a la antigua Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sino a la Ley de Sociedades Anónimas».

La responsable reconoció que el motivo de que esto sea así «puede ser discutible» pero que se hizo con una base jurídica. Dijo además que con la nueva Ley de Contratos este procedimiento ya no será válido por lo que ahora ya no es discutible y también que cambiará los sistemas de contratación de personal de esta empresa pública para ajustarlos a la normativa.

La postura de la responsable de IU fue respaldada por su compañera de partido Diana Camafeita. Esta última reprochó al PP que valore la posibilidad de acudir al fiscal en lugar de «ir directamente» ya que sus acusaciones contra la gerencia de Vipasa son suficientemente graves. El diputado del PSOE, Álvaro Álvarez achacó a la «sobreexcitación» del PP los ataques formulados contra el Gobierno regional.

Fuente:
ABC, 10 de Febrero de 2009